Parte diario: 1.715 contagiados. 63 muertos. 358 recuperados.
Un arroyo, en las sierras de mi querida provincia de Córdoba, es un cauce pequeño de agua cristalina. Arroyo, por estas horas, es el apellido del responsable de un caudaloso y nauseabundo río de corrupción en la compra con sobre precios de oro de alimentos que ya arrastró a 15 funcionarios.
Y digo que Daniel Arroyo es responsable no solamente porque es el Ministro. Después la justicia se encargará de establecer si también es culpable del robo de más de 300 millones de pesos en una sola mega compra.
Arroyo fue el que designó a Gonzalo Calvo en un cargo donde se necesita la mayor honradez y eficiencia. Y Calvo hace apenas un año, fue despedido por Mariano Cascallares, el intendente de Almirante Brown, por sospechas de haber cobrado una coima. La justicia no lo pudo probar pero una cámara oculta lo mostró quejándose porque no le habían cumplido con el trato delictivo. Anoche en mi programa de TN, Patricia Bullrich reveló que varias de las empresas que fueron invitadas a vender sus productos alimenticios, tienen su sede en Almirante Brown. Qué casualidad tan casual.
Arroyo ya conocía a Calvo. Trabajaron juntos en el ministerio cuando lo encabezaba Alicia Kirchner. Lo mismo pasa con otra funcionaria que está bajo la lupa llamada Cecilia María Lavot. Es la encargada de compras de suministros y dirigente de la agrupación Kolina encabezada por la tía Alicia, actual gobernadora de Santa Cruz, la tierra prometida. Alicia Kirchner se quiso lavar las manos sin alcohol en gel y en un comunicado aclaró que “Calvo trabajó solo unos meses conmigo. El venía de la gestión anterior de Nélida Doga”.
De paso digamos que entre los 15 a los que le sacaron tarjeta roja está Carlos Montaña, amigo de Sergio Berni y uno de los vice presidentes de Independiente y ligado a Hugo Moyano, el dirigente inmenso y ejemplar.
Arroyo fue el que balbuceó frente a las cámaras explicaciones infantiles: “Les pedimos descuento, pero los proveedores se plantaron”. El propio presidente Alberto Fernández defendió al ministro diciendo que le preocupaba la “cartelización de los empresarios” que ni siquiera en situaciones de grave emergencia eran capaces de aflojar con su codicia. El presidente debería denunciar ante la justicia todo este chanchullo repugnante. El abogado del estado, Carlos Zannini debería denunciar a Daniel Arroyo y todos los funcionarios implicados y, por supuesto, también a los empresarios cartelizados. Los más notables nombres que aparecen aquí son Víctor Lusardi y Osvaldo Assisa. Dos intermediarios y proveedores históricos del estado que hicieron negocios con todos los gobiernos. Pero hay que investigar si hubo cartelización y la utilización de varias empresas fantasmas que pertenecen a la misma persona y que tenían el mismo domicilio. Yo escuché a Víctor Fera y su denuncia me sonó como un alarido. Es un empresario de muchos años del supermercadismo mayorista que simpatiza con el peronismo y con este gobierno. Sin embargo no tuvo pelos en la lengua para decir: “Aquí no hubo error, aquí se pagaron las coimas de siempre, de toda la vida en la Argentina”. El gobierno no hizo ninguna denuncia. Pero Sergio Rodríguez, desde la Procuraduría de Investigaciones Administrativas ya tomó el caso por la acusación que hizo la abogada Silvina Martínez. Los delitos son malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario y fraude a la administración”. Suponemos que hoy mismo el fiscal va a citar a Daniel Arroyo y a por lo menos dos empresarios: Víctor Lusardi, el que vendió los productos con sobreprecios y a Víctor Fera, el que denunció este mecanismo perverso.
Arroyo no frenó esta operación ni siquiera ante dos claras advertencias de la Sigen. La Sindicatura General de la Nación les advirtió por escrito que estaban pagando mucho más. Primero observaron la compra de aceite y después la de azúcar. Pero Gonzalo Calvo, insistió. Gambeteó las alertas de la Sigen y avanzó lo mismo con esas compras con el argumento de la emergencia alimentaria por la pandemia.
Arroyo no podía mantenerse al margen de una compra de esta magnitud. No se adquieren todos los días productos por 737 millones de pesos.
El presidente Fernández hace poco caracterizó a empresarios como miserables. Ayer Diego Cabot en estos micrófonos dijo que “no hay nada más miserable” que un funcionario que le roba el dinero para la comida a los pobres. Mucho más todavía en esta situación tan grave. Y mucho más aún, escudándose en los decretos de excepción que se le dieron al gobierno para hacer más rápido las cosas. Pero eso no es un cheque en blanco para que puedan robar o estafar.
Un párrafo aparte para Diego Cabot y en el para todos los colegas independientes que investigan a fondo pese a los ataques y persecuciones a los que son sometidos. Diego es el periodista que hizo la denuncia más grave de la historia argentina. Su riguroso trabajo destapó la olla podrida y millonaria de los cuadernos de Centeno. Las coimas de la obra pública que enriquecieron a la familia Kirchner y a su secretario Daniel Muñoz, entre otros.
En esta ocasión también fue el que iluminó este negociado oscuro y despreciable. En las redes lo insultaron de arriba abajo. Los fanáticos del cristinismo que odian al periodismo, tal como les enseñó su jefa, lo acusaban de gorila, golpista, oligarca. Pero lo cierto es que gracias a su trabajo, este gobierno se va a ahorrar 300 millones de pesos. Alberto debería agradecer el trabajo de Cabot y de los periodistas independientes. Porque fueron las cámaras de TN y los móviles de radio Mitre los que denunciaron las colas criminales a las que sometieron a los jubilados frente a los bancos aquel viernes negro. Eso le permitió al presidente frenar de golpe, dar un volantazo y programar de otra manera los pagos. Si Fernández hubiera estado mirando los canales K o escuchando las radios militantes, no se hubiera enterado nunca y esa situación peligrosa hubiera terminado con una tragedia y tal vez con varios adultos mayores muertos.
En ningún caso se pronunció ninguno de los dirigentes peronistas. Ninguno advirtió en voz alta lo que estaba ocurriendo y ninguno criticó o repudio lo que había pasado. Los integrantes de la mesa contra el hambre, también se quedaron mudos y brillaron por su ausencia en el escenario público.
Nadie dijo nada. Solo el periodismo independiente y los políticos opositores.
Ni en el caso de las colas rumbo al matadero, ni en esta estafa en la compra de alimentos.
El que sí saltó como leche hervida fue Juan Grabois. Es un, chavista K y francisquista en la corte de Alberto. Frente al escándalo por la compra de alimentos con sobreprecios por parte de Daniel Arroyo, disparó con munición gruesa: “Hay que fusilar al que hizo esto.” Aunque aclaró que lo decía metafóricamente. Pero arremetió, agresivo y explosivo:“ algún h de p… compró fideos al triple de lo que valen y de la peor calidad. Es una estafa a los pobres. Estas son las cosas que me enferman y no se pueden dejar pasar. Confío en que Alberto va a ponerle los puntos al responsable”. Se refería a que los fideos, el aceite y el resto de los productos eran marca Cuchuflito o Pindonga, como diría Cristina. Y los precios más bajos eran los de primer nivel.
Después, Grabois dijo que no le alcanzaba con los retos y que quería que rodaran cabezas para que los responsables no quedaran impunes. Y finalmente felicitó a Alberto por haber echado a Calvo con el siguiente tuit: “el que las hace las paga. Sea corrupto o irresponsable. Hay que combatirlos porque atacan el bienestar general”.
Grabois también suele fustigar a los periodistas que no se callan. Esta vez él se enteró de lo que repudia con tanta vehemencia por el trabajo de un periodista. Y de un diario que él atribuye a la ideología de la oligarquía ganadera y los grupos concentrados.
La lección que este cuarto gobierno kirchnerista debe sacar, es que no se puede ahogar ni en un vaso de agua ni en un arroyo. Que si de verdad Alberto Fernández quiere que se termine el país de los vivos, recuerde ese dicho popular de que el vivo vive del zonzo y el zonzo de su trabajo. Quien quiera oír que oiga. Y que de una vez por todas se acabe el país de los ladrones y los golpistas. Esos sí, que son los peores virus.

Parte diario: 1.628 contagiados. 56 muertos. 338 recuperados.
Parece que en la Argentina somos incapaces de achatar la curva de la corrupción y la impunidad. Parece que los delincuentes de estado siempre encuentran una forma de escaparse del juicio y castigo que merecen. Amado Boudou está en su casa y en nuestro país hay una injusticia más y la indignación, para la mayoría de los ciudadanos que son honrados, se convirtió en pandemia.
La bronca social no es solamente porque Amado Boudou salió de la cárcel de Ezeiza. Es, además, porque no hay un solo motivo, pero ni uno solo, que justifique semejante humillación a los compatriotas honestos. Habrá que investigar al juez Daniel Obligado para que cuente porque se sintió obligado a cometer semejante salvajada. Sus argumentos son de una fragilidad notable. ¿Está Boudou entre los grupos de riesgo? No. De ninguna manera. Según el informe médico que está en manos de la justicia, Amado Boudou tiene 57 años y está en perfecto estado de salud. ¿Estaba Boudou en una opinable prisión preventiva? No. De ninguna manera. Fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión por haberse apropiado de Ciccone Calcográfica, la fábrica de billetes. Le recuerdo que esa condena surgió de un juicio con todas las garantías que duró un año. Como si esto fuera poco, esta condena fue ratificada por unanimidad, en segunda instancia por la Cámara de Casación Penal. Hace algunas horas, la propia Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso que habían presentado sus abogados defensores. Y escuche esto que directamente una locura: hace 10 días el mismo juez Obligado, junto a sus pares del tribunal, rechazó el pedido de detención domiciliaria. Y ahora que se quedó solo por la feria, cambió totalmente de opinión y lo mandó a la casa. ¿Qué pasó en el medio?
Sigamos buscando algún argumento más o menos razonable. ¿Hay un contagio masivo de coronavirus en las cárceles argentinas? No, De ninguna manera. No se ha registrado ni siquiera un solo caso sospechoso.
Sin embargo el doctor Obligado lo liberó. Dijo que es por el riesgo del virus y porque la sentencia aún no está firme. Es un verdadero despropósito que en algún momento, el juez debería explicar ante el Consejo de la Magistratura que, en el caso de que existiera la justicia en este país, debería estudiar su destitución como magistrado. Pero hay otra flagrante injusticia y desigualdad ante la ley. Si se aplica el criterio del juez Obligado, los jueces deberían estar obligados a liberar a 20 o 30 mil presos que están en la misma condición. El 70% de los presos no tiene condena firme.
Esa es la dimensión de la locura de este fallo que depositó a Boudou junto a su esposa y sus dos hijos en su vivienda del barrio de Barracas. Encima, todo esto ocurrió en medio de la feria judicial que la Corte postergó hasta el 13 de abril.
El caso Ciccone es un emblema de la corrupción de la cleptocracia K. Boudou y su testaferro José María Nuñez Carmona se apropiaron de Ciccone tal como lo confesó en el expediente hasta su empleado, Alejandro Vanderborele. Para concretar esa maniobra fraudulenta manipularon la AFIP y la Casa de la Moneda. Cuando Ciccone estuvo en sus manos, el gobierno de Cristina le encargó que fabricaran billetes y el Frente para la Victoria que confeccionaran las boletas electorales.
Después, cuando el periodismo independiente hizo saltar la perdiz y el escándalo, Cristina estatizó la empresa para ocultar las pruebas y lograron un record mundial: nadie reclamó la indemnización por esa empresa. Nunca visto en la historia. Y no lo digo yo. Lo denunció el actual presidente Alberto Fernández en una entrevista en televisión. Fue el mismo día que criticó los dos blanqueos que hizo Cristina y que uno de ellos lo tuvo abierto durante 4 años.
Tal vez este paso hacia la impunidad tenga que ver con que Boudou fue vicepresidente de Cristina que hoy es vicepresidenta y que sus abogados son los mismos: Alejandro Rúa y Graciana Peñafort que además es directora de Asuntos Jurídicos del Senado.
De los presos emblemáticos del kirchnerismo todavía quedan adentro Lázaro Báez y su hijo Martín, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y José López. Pronto estarán descansando en sus domicilios. Los que más complicados están son Ricardo Jaime porque es un corrupto confeso. El mismo dijo ante los tribunales que había robado. Y José López al que Julio de Vido definió como traidor y macrista y Cristina, entre lágrimas, dijo que había llegado a odiarlo. Tal vez porque a López lo agarraron in fraganti, con las manos en la masa o en los millones de dólares y dijo que era dinero que le había dado el secretario de Cristina. Por eso un día, José López aseguró que tenía miedo que lo mataran, porque Cristina era muy vengativa.
Pero volvamos a Amado Boudou. Le confieso que verlo caminando por la calle rumbo a su casa, con una tobillera electrónica, me hace hervir la sangre. Yo no quiero venganza ni persecución para nadie. Pero quiero que los ladrones de estado paguen con la cárcel por lo que hicieron.
Pienso en Boudou tripulando su poderosa moto, haciéndose el galancito, y me acuerdo de Nicolás Wiñazki y todo lo que le costó y todo lo que tuvo que aguantar durante su investigación periodística rigurosa e implacable. Nico y todos los colegas que hurgaron en papeles, que buscaron testimonios, se jugaron la vida por la búsqueda de la verdad y una sociedad honesta. Padecieron amenazas y hostilidades de todo tipo. Había que tener mucho huevo para investigar al vicepresidente de la nación mientras era vicepresidente de la nación y gozaba de un poder tan grande que con una declaración, decapitó al procurador Esteban Righi que no era un oligarca. Era un gran amigo de Alberto Fernández y había sido ministro de Héctor Cámpora. Sin embargo, se fue calladito y humillado, a su casa. Incluso el juez inicial, Daniel Rafecas le daba consejos al abogado de Boudou para que supiera como defender a su cliente. Fue un brutal intento de obstaculizar la justicia. Y dicho sea de paso. Ese Daniel Rafecas es el que Alberto hoy quiere nombrar como Procurador General de la Nación.
El atorrante que se disfraza de revolucionario dijo en ese momento que esto era “una revancha de clase y una venganza del neoliberalismo”, como si él fuera un dirigente proletario.
Boudou, en su sobreactuación por ocultar los delitos que cometió pasó de Alsogaray a Perón y de María Julia al Che Guevara. Un ortodoxo neoliberal se convirtió en un defensor de la patria socialista. Un amante de Estados Unidos en un tardío lector de Marx. En eso también aprendió de Néstor. Utilizar los símbolos de la izquierda y los derechos humanos como escudo para ocultar sus estafas y su enriquecimiento ilícito lleno de testaferros y truchadas.
Pienso en Amado Boudou, ovacionado por los jóvenes de La Cámpora como si fuera el Che Guevara y me hierve la sangre. Porque pienso en el pueblo pobre de Formosa al que le robaron dos millones de dólares con la complicidad del gobernador feudal Gildo Insfrán y otros funcionarios. Miles de formoseños que pasan hambre y no tienen agua ni cloacas y que hacen milagros para darle de comer a sus hijos van a sufrir el cachetazo de ver en su casa a uno de los que les sacó su dinero del bolsillo.
Ayer fue un día negro. Porque la señal que se envió a la sociedad fue de impunidad absoluta para los poderosos. Es como decirles a los ladrones de guantes blancos y dólares negros que no corren peligro, que sigan con sus delitos.
Estos fallos fomentan el delito. Porque el costo por robar es tan bajo que conviene robar mucho y pasar algunos meses preso. Esa es la nefasta conclusión que muchos jóvenes funcionarios pueden sacar.
Estos virus son muy peligrosos. Hablo de los estafadores que se llevaron a su casa el dinero de los jubilados, de las cloacas, las escuelas y los hospitales que faltan, los abogados expertos en amparos, chicanas y patear la pelota lo más lejos posible y los jueces que no tienen vergüenza ni estómago.
Le confieso que también pensé en Laura Muñoz, la corajuda ex esposa de Alejandro Vandenbroele que se jugó todo para llegar a la verdad. Laura fue acusada de loca, le quisieron sacar a su hija y pasó por momentos terribles. Todo por ser honesta.
Conclusión: un violador serial de leyes como Amado Boudou no tiene otro lugar que la prisión. Ahí deben estar los delincuentes de estado.

Parte diario: 1.554 contagiados. 48 muertos. 325 recuperados.
Este cuarto gobierno kirchnerista quiere confundir las cosas. Vamos a tratar de aclarar los tantos. Por un lado está la pandemia y por el otro, la República. A la pandemia hay que atacarla y a la República hay que defenderla. ¿Es tan difícil entender eso? ¿O Alberto y el kirchnerismo están cediendo a la tentación autoritaria y estatizante? Lo digo de la forma más sencilla y didáctica posible. Hay que combatir el virus hasta su derrota definitiva. No hay dudas que lo primero es la salud. Pero hay cuidar la República hasta su triunfo definitivo. No hay dudas de que la salud de la democracia y su división de poderes es lo único que nos garantiza la libertad.
Alberto, en su carácter de presidente, está a cargo de la batalla contra el coronavirus y todas las medidas sanitarias que tome, hay que acatarlas. Está asesorado por un grupo de científicos y expertos que son los que lo ayudan a equivocarse lo menos posible. Estamos en una guerra y en esta situación tiene que haber conducción única. Eso no lo discute nadie. La inmensa mayoría del pueblo argentino está cumpliendo con el confinamiento y la dirigencia opositora y el periodismo en su totalidad no cuestiona este tipo de decisiones. No se puede deliberar en medio del tiroteo, mientras mueren compatriotas. ¿Está claro? Yo me subordino como corresponde y cumplo con las órdenes sanitarias del poder ejecutivo? Pero subrayo “sanitarias”, “ordenes sanitarias”. Que todos tengamos disciplina y solidaridad social para cumplir con la cuarentena y con las normas de higiene es una cosa. Pero eso no significa, de ninguna manera que nos callemos y nos auto censuremos frente a los atropellos o las barbaridades políticas que el gobierno comete. Esa es la responsabilidad de todo periodista que no tenga la camiseta de Cristina puesta. Yo tengo puesta la camiseta de la división de poderes. Del respeto a la libertad y los derechos humanos. Y creo que todos los problemas de la democracia se solucionan con más democracia y no con menos democracia.
El silencio no es salud. La mejor vacuna para las enfermedades de la República es la libertad.
No se puede acusar de vende-patria o estigmatizar a los que señalamos los peligros que corren las instituciones con tanto decretazo y con desvíos autoritarios. Que quede claro. Nuestra tarea principal es marcar los errores, advertir sobre los riesgos, custodiar que nadie viole la ley ni la Constitución y que la arbitrariedad no abra las puertas de la corrupción de estado.
No hay que dejar de controlar. El posible botín es gigantesco. Hoy el mismísmo ministro Daniel Arroyo tuvo que confesar que pagaron precios por varios productos muy por encima del valor de mercado y de los precios de referencia. Insólito. Fue por lo menos una impericia notable. Algún juez tiene que actuar de oficio o frente a una denuncia opositora para investigar si además de torpeza no hubo un robo a los dineros del pueblo. Para muestra bastan dos botones. Compraron 1,7 millones de botellas de aceite mezcla de un litro y pagaron 158 pesos por unidad. En precios cuidados está a 121 pesos y en los valores testigos de la SIGEN está a 97 pesos. Se pagó una fortuna de sobre precio.
Azúcar de un kilo. También compraron 1,7 millones de bolsas. Una marca de tercer nivel la pagaron a 75 pesos. El paquete de Ledesma o de Arcor, cuestan 54 pesos de promedio en el supermercado. Y eso que estamos hablando de que el estado compró la friolera de 1,7 millones de unidades. Le podrían haber hecho un descuento por comprar al por mayor. Cómo será la cosa de grave que hasta Juan Grabois, un cristinista amigo del Papa y de Arroyo fue durísimo en un tuit: “ algún h de p… compró fideos al triple de lo que valen y de la peor calidad. Es una estafa a los pobres”. En ese caso, Grabois tiene razón.
Menos mal que estuvo el periodismo independiente para sacar a la luz semejante depropósito.
Insisto con mi idea.
Yo estoy del mismo lado que todos los argentinos. En contra del virus y aportando todo lo que esté a mi alcance para destruirlo y volver a la normalidad. Pero, insisto, el barbijo no debe convertirse en un bozal, como creen muchos.
El gobierno kirchnerista debería agradecer esta mirada crítica. Eso le facilita descubrir las equivocaciones y corregirlas a tiempo. Si fuera por los chupamedias de los medios, la locura criminal con los jubilados del viernes hubiera seguido varios días más. Y la tragedia se hubiera trasladado a las morgues y a los cementerios. Los periodistas militantes no ponían cámaras en las colas de los bancos que eran poco menos que mandarlos al matadero. Los medios alcahuetes del gobierno miraban para otro lado. Si fuera por ellos, Alberto se hubiera enterado de la gravedad de la situación cuando empezaran a aparecer los cadáveres. Se pudo frenar de golpe y pegar el volantazo para corregir, gracias al periodismo que mostraba ni más ni menos que la verdad de lo que estaba ocurriendo. Sin maquillaje ni ocultamiento alguno. Para eso sirve el periodismo independiente, entre otras cosas. Algunos obsecuentes llegaron a decir que mostrar esas colas espantosas era golpista. Todo lo contrario. El alerta temprano permitió que la locura no se prolongara.
Los que consideramos fundamental que Alberto expulse del gobierno a Miguel Pesce y a Alejandro Vanoli, los capos del Banco Central y el Ansses, no lo hacemos por venganza o con la intención de herir políticamente al gobierno. Todo lo contrario. La única manera de lograr una victoria contra el virus es tener autoridad y credibilidad. Debe haber ley pareja para todos y los que cometen torpezas incomprensibles deben ser separados del cargo como una señal hacia los demás. Premios y castigos, de eso se trata. No da lo mismo el que hace bien las cosas y el que comete una salvajada que pone en peligro la vida de miles y miles de adultos mayores o que compra alimentos con sobre precios monumentales. Si no hay castigo, se iguala para abajo. Los que hacen bien las cosas lo sienten como una falta de respeto.
Todo indica que en los últimos tiempos, Alberto abandonó su traje de cordero patagónico y apareció el lobo populista y prepotente. Por eso, nuestra responsabilidad es encender las luces rojas. Para que nadie se haga el distraído. Insisto, una vez más, esto no significa que estemos cuestionando las medidas que se toman desde el punto de vista sanitario. No somos médicos ni especialistas en estos temas y por lo tanto solo nos queda consultar a los científicos más creíbles y respetar las normas.
Pero no se puede ocultar una lista de caramelos envenenados que cada vez es más larga. Ojo que envueltos en buenas intenciones, puede haber atrocidades anti democráticas. Está pasando en todo el mundo y es difícil que no nos pase a nosotros. El kirchnerismo tiene una larga historia de abusos, revanchismo, discrecionalidad y corrupción. La pandemia no borra los expedientes. El virus no se come la historia reciente. Hay que lavarse las manos contra la pandemia. Pero es irresponsable lavarse las manos a la hora de denunciar todo lo malo que ocurre y lo que puede llegar a ocurrir.
Veamos los casos más groseros:
1)La utilización excesiva de decretazos. Es un recurso previsto en la Constitución pero al que debe recurrirse lo menos posible. Es verdad que estamos en emergencia y muchas veces, no hay otro remedio. Pero hay que buscar la manera de que toda la sociedad participe de las decisiones desde sus representantes en el Congreso de la Nación. Cristina y Sergio Massa deben ensayar todas las formas posibles para que haya sesiones parlamentarias. La tecnología es una gran ayuda. Se utilizó mucho el ejemplo pero vale repetirlo: aún en plena guerra el Congreso de Gran Bretaña siguió funcionando. Si Diputados y Senadores sesionan hay menos espacio para que el gobierno se desvíe y tome caminos totalitarios. El estado de excepción no puede justificar que el Congreso no funcione.
2)Convertir a los intendentes en policías. Es cierto que muchos comerciantes y supermercados son anti sociales y se aprovechan para aumentar los precios en forma excesiva. Pero la Ley de Defensa de la Competencia es muy delicada y si se la maneja como un arma puede ser facilitadora de extorsiones, venganzas y patoterismo. ¿Se imaginan a un almacenero frente a un intendente que le exija que done mercadería para que las reparta el partido Justicialista? ¿Tiene espacio para negarse? ¿Puede decir que no? El intendente ya tiene mucho poder. Pero si por decreto se les da la facultad de multar o clausurar un negocio o decomisar mercaderías estaríamos ante un avance brutal del estado sobre la actividad privada.
3)Romper los compromisos y los contratos. Máximo Kirchner, el príncipe millonario, propuso cobrar algo así como una multa, a los que entraron en el blanqueo. Alberto compró esa idea y otra vez planteó una ruptura de acuerdos envuelta en una idea positiva. Explico: es cierto que los que evadieron cometieron un delito y el blanqueo les permitió utilizar esos fondos millonarios sin explicar su procedencia. Eso es condenable como son condenables todos los blanqueos del mundo. Porque castigan a la persona honrada que cumplió con todos sus compromisos legales. Pero también es cierto que el estado les garantizó que si pagaban una vez, se terminaba la ilegalidad. Los gobiernos, por la continuidad jurídica, se comprometieron a cumplir esto. Y ahora, Alberto y Máximo quieren romper ese contrato. Es simpático decir que van a pagar lo que evadieron millones. Pero es sumamente peligroso como señal que nada es seguro y que con arbitrariedad todo puede cambiar según lo decida el capanga de turno. La seguridad jurídica estalla y mucha gente multiplica su desconfianza en el gobierno. Y como si esto fuera poco, seguramente, esto va a ser declarado anticonstitucional por algún juez. Están legislando para atrás. Y con un decreto. Eso va derechito a la Corte Suprema.
4)No pensar en el interés general. En muchos aspectos, aparece la intención de llevar agua para el molino partidario. Y eso también genera desconfianza y puede minar la autoridad ecuménica que necesita Alberto para el combate contra la pandemia. Al principio incorporó a los dirigentes opositores a casi todos los actos. Últimamente prefiere aparece con los capataces de las patotas y la corrupción como Hugo Moyano y endiosarlos como si fueran ángeles. O a los que califican de gorilas, oligarcas o golpistas a ciudadanos que expresan su protesta con las cacerolas en forma pacífica y autónoma. ¿Cuál es el problema? ¿Les molestan las críticas? La democracia es consensos y también disensos. La uniformidad es un valor de los regimientos y de los militares. La diversidad y las críticas son los pilares de la democracia republicana. Nadie critica que se combata al virus hasta lograr su derrota. Pero nadie debe pretender que los barbijos se conviertan en bozales. La democracia se corrige con más democracia. Nunca menos.