Hace unos días le dije que Cristina no se rinde. Que busca con desesperación su impunidad y no descansa ni un segundo en su proyecto de colonizar la justicia y la Corte Suprema. Siente que dominar los tribunales es la única forma que tiene de escapar una condena que la lleve a la cárcel.
Los tiempos se aceleran. En menos de un mes comenzarán los alegatos en la causa conocida como Vialidad Nacional. Y el fiscal Diego Luciani pedirá una condena que va de 5 a 16 años de prisión. ¿Se da cuenta porque Cristina está tan nerviosa? El riguroso periodista Hernán Capiello confirmó la información y dio precisiones que la llevaron a la tapa del diario La Nación de ayer.
Se viene el final de la causa de este juicio que lleva tres años. Le pido que preste atención para poder tomar la dimensión y la gravedad del tsunami que se viene para la vice presidenta de la Nación.
¿De qué se la acusa a Cristina?
De haber sido la jefa junto a Néstor Kirchner de “una asociación ilícita de carácter estable y permanente”, sostenida a los largo de más de 12 años.
¿Qué objetivos tuvo esa asociación ilícita?
Estuvo dedicada a “cometer múltiples delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos”. Dos aclaraciones. Esto que digo es textual del escrito de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Y según el diccionario, los sinónimos de “sustraer” son “afanar, hurtar, robar, birlar”.
¿Cuáles son los delitos por los que Cristina está siendo juzgada?
Por ser la jefa de la asociación ilícita y por fraude al estado para favorecer con 51 obras públicas por 46 mil millones de pesos de aquella época a su amigo, socio, cómplice y testaferro, Lázaro Báez.
¿Quiénes más están acusados?
En carácter de organizadores de la asociación ilícita liderada primero por Néstor y luego por Cristina, aparecen Julio de Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner y Lázaro, entre otros. Para ellos el pedido de penas será menor.
Hace una semana, con el nervio de la urgencia informativa, pude anticiparle que se venía semejante drama para Cristina.
Estamos ante un hecho de una gravedad institucional inédita. La nada exitosa abogada, dos veces presidenta de la Nación y actual vice, deberá estar en el banquillo de los acusados cuando le pidan una condena de entre 5 y 16 años. ¿Se imagina eso? Un verdadero estrépito político. Días de mucha tensión. Como si esto fuera poco, todos están obligados a asistir en forma presencial y el juicio será transmitido por televisión en vivo y en directo. Ya pasaron 70 testigos, 7 peritos y ahora viene la hora de la verdad. Del juicio y castigo a los culpables de la mayor cleptocracia que padecimos los argentinos.
Cristina, en su momento, en diciembre del 2019 fue actriz protagónica de un acontecimiento inolvidable. Furiosa con los jueces y los medios, se victimizó en su indagatoria y a los gritos, dijo que la historia ya la había absuelto.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Jiménez Uriburu y Andrés Basso entrarán en la historia. Cristina presiona para que el juicio se declare nulo. Tiene presentados seis recursos ante la Corte Suprema que los tiene en estudio.
Lázaro Báez y José López ya fueron condenados en otras causas y por eso, después de este veredicto, alrededor de fin de año, deberán sumarle los años de prisión que reciban.
El mismísimo ministro de Justicia, Martín Soria tiene como única tarea la de castigar con fiereza y sin ningún pudor a los miembros de la Corte. Hace tres semanas dijo que “son los padrinos de la persecución política, judicial y mediática de macrismo”. Como si esto fuera poco, el grosero ministro calificó de “atorrantes que se ponen como locos” a los integrantes del tribunal que es la cabeza del poder Judicial. Por lo menos no convocó a tomar el edificio como hizo en su momento Hebe de Bonafini.
El plan sistemático de hostigamiento tiene como objetivo intimidar a los jueces para que no se opongan a su propio funeral político. Los quieren liquidar como uno de los pilares del poder republicano y encima pretenden que se callen y acaten mansamente.
En su página editorial, el diario La Nación, supo titular: “Una Corte de 25 jueces, otro disparate en busca de impunidad”.
Calificaron la iniciativa como “insensata, inoportuna y funesta”.
Sería un asalto cristinista a la Corte. Una invasión prepotente y autocrática. Un golpe palaciego que terminaría con el sistema democrático tal como lo conocemos y como funciona en los países más avanzados del planeta.
Las opiniones son libres y los hechos son sagrados. Y el hecho concreto es que dentro de un mes comienzan los alegatos y el fiscal Diego Luciani pedirá una pena de prisión para Cristina que va de 5 a 16 años. Por esto también, Cristina quedará en la historia que según ella, ya la absolvió. Pero no es la historia y son los tribunales los que tienen la última palabra. Y no creo que la absuelvan.

Las relaciones carnales de los gobiernos kirchneristas con los países que más violan los derechos humanos, ya son una política de estado. Tal vez comenzaron con los negociados de dólares sucios de la mega corrupción disfrazada de Patria Grande, que parieron el concubinato de Hugo Chávez y Néstor Kirchner.
Podemos ubicar tres momentos culminantes, de alto impacto.
Primero, el tenebroso pacto firmado con Irán cuyo autor material fue el canciller Héctor Timerman.
Segundo, la pornográfica humillación a la
que Alberto Fernández sometió a la Argentina, al ofrecerse como puerta y felpudo de entrada a la región al carnicero criminal de guerra Vladimir Putin.
Y finalmente, el rol de abogado defensor
de las tres dictaduras de la región que hizo Alberto en la cumbre de Los Ángeles frente a Joe Biden.
Estamos ante una decisión nefasta del gobierno de los Fernández. Colocaron a Argentina del lado del eje del mal, lejos de las democracias republicanas y cerca de los países que fomentan el terrorismo de Hezbollah o la guerra contra Ucrania.
Cuba, Venezuela y Nicaragua no son, solamente tiranías. Tienen presos políticos, persiguen a opositores y homosexuales, practican la tortura y la censura y se sostienen en el poder con los militares y las ametralladoras AK 47 que les proveen los rusos.
El título del diario La Nación de hoy, lo confirma: “El régimen de Ortega le abre la puerta al músculo militar del Kremlin”.
Hay que decir que Jorge Taiana, el ministro de Defensa, también firmó un acuerdo para entrenar a los militares argentinos en academias de Rusia. Fue en diciembre del año pasado y está vigente.
No se puede olvidar que el embajador argentino en Nicaragua, Daniel Capitanich, que todavía sigue en su puesto, fue cómplice de la presencia de Moshen Rezai en la asunción de Daniel Ortega. Rezai es uno de los iraníes que tiene circular roja porque los busca Interpol por los atentados cometidos en Argentina.
Hay que decirlo con todas las letras. Cuba, Venezuela y Nicaragua son la cabecera de playa de Rusia e Irán en América Latina. Se le adelantaron a Alberto. Eso es sumamente peligroso para el continente en general, pero especialmente para Argentina que sufrió dos atentaos como el de la embajada de Israel y el de la AMIA, el más grave de la historia de nuestro país. Ambos ataques criminales están impunes y fueron planificados y ejecutados por Hezbollah, un grupo terrorista financiado por Irán.
Por eso, Gerardo Milman, el ex vice ministro de Seguridad encendió la luz de alerta respecto del avión “iranezolano”, un gigantesco Boeing 747 de carga. Presentó una denuncia a la justicia y dijo que “Sería una operación de inteligencia iraní y venezolana”. Es que todo es sospechoso. Ninguna explicación cierra.
¿A que vinieron?¿Por qué apagaron el aparato que permite que el avión sea ubicado por los radares? Dicen que traían autopartes. ¿A quién abastece en Argentina la desconocida industria automotriz de Irán o Venezuela? ¿Qué hicieron en Ciudad del Este? ¿Qué vinieron a traer? ¿Agentes secretos del sofisticado sistema de espías iraní? ¿Armas? El mismísimo ministro Aníbal Fernández confirmó que algunos de los tripulantes pertenecen a la sanguinaria fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán. Son muchas y graves las preguntas que tienen que responder.
Ni Brasil, ni Paraguay ni Uruguay le permitieron al sospechoso avión, volar sobre su espacio aéreo. En Argentina no tuvieron problemas. Bajaron en Córdoba por la niebla, después aterrizaron en Ezeiza, después volvieron a Ezeiza cuando Uruguay los rechazó. Jugaron de locales ya sea por una negligencia infinita o por complicidad del gobierno argentino. ¿No movieron un dedo o miraron para otro lado la Policía Aeroportuaria, Migraciones, la ANAC y la AFI? Todo oscuro y peligroso por donde se lo mire.
Mientras Alberto daba su discurso pro dictaduras, hubo dos reacciones. Luis Almagro, el titular de la OEA dijo que no le hubiera gustado ver en la cumbre a dictadores como “Videla, Pinochet y Gregorio Alvarez”.
Pero desde Teherán, repito, desde Teherán, Nicolás Maduro agradecía a Alberto Fernández por haber representado a los dictadores. ¿Habrá sido un mensaje o pura casualidad?
Porque casi de inmediato, apareció por acá el avión que Irán le regaló a Venezuela y que tiene sanciones internacionales por haber estado al servicio del terrorismo y el traslado de armas.
Son demasiadas casualidades. Casi simultáneamente, el gobierno argentino propuso como embajadora en Israel a Cristina Caamaño quien acaba de dejar el manejo de los servicios de inteligencia y que simpatiza con el chavismo y los grupos palestinos armados.
Las dos principales entidades de la comunidad judía argentina, la DAIA y la AMIA, exigieron el total esclarecimiento del tema del avión y pidieron detalles sobre el listado de tripulantes y los motivos de su presencia en el país. La DAIA, además se presentará como querellante en la causa que lleva adelante el juez Federico Villena.
Las embajadas de Estados Unidos e Israel levantaron la guardia.
Rafael Resnick Brenner, un abogado y ex funcionario kirchnerista, condenado por corrupción y coimas, presentó un habeas corpus en favor de los iraníes.
Miguel Angel Toma, el ex secretario de seguridad nacional, aseguró que “El gobierno kirchnerista está girando de nuevo y peligrosamente hacia Irán”.
Estas relaciones carnales deben encender todas las alarmas en el país. Ya se sabe que el que se acuesta con dictadores, amanece ensangrentado.

En los últimos tiempos del terrorismo de estado de Videla y su banda criminal y al comienzo de la democracia, hubo una consigna que se instaló en el grito callejero de los actos. Decía: “Verdad, Juicio, Castigo y condena a los culpables”. Estuve y estoy de acuerdo con esos reclamos que son profundamente democráticos y sanadores. Todos tenemos derecho a conocer toda la verdad. Todos tienen derecho a tener un proceso judicial transparente y todos los culpables deben tener su castigo y condena.
Subrayo la palabra todos porque eso marca una diferencia con los que solamente condenan a los dictadores y las Fuerzas Armadas. Reconstruir la historia en toda su dimensión trágica significa no mirar con un solo ojo. Yo no pongo en igualdad de condiciones a los asesinatos masivos cometidos por el estado y los crímenes ejecutados por grupos guerrilleros. No adhiero a la teoría de los dos demonios. Hay una clara asimetría. Pero también creo que todos los muertos valen igual. Cada homicidio debe ser condenado por igual más allá de quien sea la víctima y el victimario.
Por eso me parece saludable que la Cámara Federal Porteña le haya ordenado a la jueza María Servini reabrir la causa por el atentado más sangriento de los 70. Estamos hablando de la bomba que Montoneros puso en el comedor de la Policía Federal y mató a 23 personas y produjo 110 heridos.
El periodista y escritor Ceferino Reato, en su libro “Masacre en el comedor”, cuenta con rigurosidad los detalles y las consecuencias de semejante salvajada. Cuestiona a fondo la romantización de la insurrección foquista que hoy hacen militantes vinculados a La Cámpora y el cristinismo extremo. Aunque suene increíble, una estación de subte lleva el nombre de Rodolfo Walsh. Fue el jefe del servicio de Inteligencia de Montoneros y el autor ideológico del ataque. En Quilmes, la concejala Patricia Iribarne y la intendenta Mayra Mendoza son investigadas por desvíos de fondos hacia varias cooperativas. Una de esas cooperativas se llama Montonera y otra fue bautizada “Julio Roqué”, quien fue el que lideró el operativo que asesinó de José Ignacio Rucci.
En todos los casos glorifican la muerte. Y tal vez el que más irritó a Perón fue ese que decía “Rucci traviata/ moriste como rata”.
Les cuento a los jóvenes que Rucci era el secretario general de la CGT al que Perón adoraba y que Traviata, era el nombre de una galletita famosa por tener 23 agujeritos. Obviamente se referían a la cantidad de balazos que los Montoneros le metieron en una emboscada al sindicalista asesinado.
Nos hemos cansado de escuchar la reivindicación de “la juventud maravillosa” o decir que “se perdió a lo mejor de la generación de aquellos tiempos”. Pero hasta el mismo Perón los usó como formaciones especiales y después los echó de la plaza calificándolos de “estúpidos e imberbes”.
Durante mucho tiempo era peligroso decir esto. Porque inmediatamente te acusaban de facho, o de hacerle el juego a los genocidas. La resolución de los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia abre una ventana para que terminemos de procesar y elaborar el duelo de aquellos años donde el fusilamiento, la tortura y la desaparición de personas, eran situaciones cotidianas. El Juicio a las Juntas y el Nunca más de Alfonsín, Strassera y Sábato explicaron con rigurosidad una parte de esa historia de plomo y sangre. Falta conocer a fondo la otra parte. Medias verdades no son verdades.
Esta causa que la jueza María Servini debe retomar involucra a varios integrantes de Montoneros, entre otros al jefe máximo, Mario Firmenich, que hoy vive en España y a Horacio Verbtisky quien era el lugarteniente de Rodolfo Walsh entre el espionaje guerrillero.
En tiempos de Alfonsín, el comandante Mario Firmenich fue capturado y condenado a reclusión perpetua. Y fue Carlos Menem el que le otorgó el indulto.
Son responsables de haber mandado a la muerte a cientos de jóvenes muy jóvenes y de haber hecho una lectura mesiánica del verdadero respaldo que tenían entre la población. En 1979, desde Europa, ordenaron una Contraofensiva que, en líneas generales, significó que a los que ingresaban al país los mataran como moscas apenas cruzaban la frontera. Los estaban esperando. El libro de Gabriel Levinas llamado “Doble Agente” abunda sobre el trabajo que Verbitsky hizo para la Fuerza Aérea y los motivos por los que salvó su vida, sin tener que irse del país como miles de exiliados.
Se sentían dueños de la verdad y la querían imponer a punta de fusil. Se auto percibían como la vanguardia iluminada y eran la soberbia armada. Abrevaron en distintas versiones del marxismo, maoísmo, guevarismo y estalinismo y se entrenaron en Cuba y en Nicaragua y con la instrucción de los palestinos que respondían a Yasser Arafat. Jamás valoraron la democracia republicana ni la división de poderes. Solo la consideraron un instrumento para llegar al poder e instaurar un socialismo nacional o directamente, una dictadura del proletariado, en el caso de los grupos no peronistas.
Por unanimidad, la sala I de la Cámara Federal, declaró la nulidad de la resolución de Servini que había sobreseído a todos los acusados. Le exigen además que revise si el atentado al comedor de la Policía Federal no se puede encuadrar como “crimen de guerra o de lesa humanidad” lo que los convertiría en imprescriptibles. No entro en la discusión legal. Eso se lo dejo a los abogados. Si creo que mi generación en particular y todos los argentinos en general, nos merecemos saber la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Porque solo la verdad nos hará libres.