No fueron en vano las protesta masivas y extendidas de los cacerolazos. No cayeron en saco roto los cientos de miles de firmas en change.org. No pudieron hacerse los tontos frente a los gritos que aparecieron en las encuestas con el 83% de los argentinos repudiando la excarcelación frívola e irresponsable de asesinos, violadores y saqueadores. El presidente Alberto Fernández que al principio había encontrado razonable la suelta de presos, tuvo que dar marcha atrás y les transfirió la responsabilidad a los jueces. Lo mismo hizo Axel Kicillof. Se sacaron de encima la papa caliente que les hizo pagar un alto costo político. Pero la Asociación de Magistrados, les respondió haciéndolos cargo a ellos de la resolución de fondo de estos dramas que es la construcción de cárceles amplias y adecuadas.
Muchos intentaron desde el cristinismo, culpar al periodismo de haber agitado este tema. Pero lo cierto es que quedó claro ante la opinión pública que el plan sistemático para excarcelar delincuentes fue ideado y ejecutado por funcionarios y militantes del kirchnerismo. El marco político y teórico fueron aportes de Cristina y Zaffaroni, respectivamente. Pero el jefe de operaciones fue Juan Martín Mena, el actual vice ministro de Justicia. Y la cara más visible, por lo grosero de su sobreactuación fue el juez Víctor Horacio Violini.
La inmensa mayoría de la sociedad no se quedó callada. Hizo todo lo que estaba a su alcance para rechazar semejante decisión por peligrosa e irracional. Y eso generó por lo menos tres grandes decisiones positivas.
1) La Suprema Corte bonaerense falló contra la liberación masiva de presos y ordenó que sean los jueces naturales los que intervengan en estos casos.
2) Usina de Justicia pidió el juicio político, es decir el primer paso hacia su destitución, del juez Violini y
3) la oposición de la provincia presentó un proyecto para formar una comisión legislativa para evaluar la actuación de cada juez en esta circunstancia, con la idea de sancionar a los magistrados que hayan violado la ley.
Es decir que desde el máximo tribunal provincial, desde uno de los organismos de derechos humanos más prestigiado de la sociedad civil y desde la política, con diputados y senadores, se hicieron eco de la exigencia del ciudadano común. Todo eso es una buena noticia.
Que la sociedad se haya comprometido y no se haya resignado. Que la justicia haya reaccionado para custodiar el cumplimiento de la ley, que las asociaciones civiles hayan jugado a fondo y que los partidos políticos opositores se hayan sumado aportando su granito de arena. Así funciona la democracia. Pero vamos por partes:
La Suprema Corte primero aceptó el recurso de queja que presentó el fiscal general, Carlos Altuve. Y hoy se pronunció en forma contundente contra la salvajada que hizo el doctor Violini y ordenó que se deje sin efecto su fallo del “habeas corpus”, masivo que en un minuto y con su sola firma mandó 700 detenidos a su casa. La Corte también respaldó lo obvio: que son los jueces naturales los que tienen que entender en estos casos. Porque es lo que marca la ley y porque son los que mejor conocen la realidad de cada preso. El dictamen que había aportado el procurador general bonerense, Julio Conte Gran había solicitado la revocatoria.
Este fallo de la Corte fue unánime, sin disidencias ni agregados y le da mayor solidez al pedido de juicio político al juez Violini que impulsaron Diana Cohen Agrest como presidenta de Usina de Justicia con el patrocinio del doctor Fernando Soto. En la rigurosa y minuciosa presentación de 27 carillas, Usina pide el juicio político por “mal desempeño, incapacidad o negligencia en el ejercicio de sus funciones” y por “el incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo.” De prosperar esta solicitud, que va en línea con lo señalado por el fiscal general y la propia Corte, Violini quedaría al borde del precipicio de su destitución como juez de Casación Penal bonaerense.
Usina es una organización que defiende los Derechos Humanos de las Personas Víctimas de Delitos y en ese carácter es miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA). En su texto, Usina define como de “gravedad institucional” el habeas corpus colectivo por varios motivos, a saber:
Se violó la ley de víctimas porque no se las convocó para que sean parte del proceso.
Se saltó por encima del juez de primera instancia e intervino directamente Casación. Violini no era el juez competente y vulneró la garantía de juez natural.
Se liberó a un número “ingente (es decir enorme) e indeterminado de detenidos porque dijo que todos los que luego en el futuro, se sumaran a la lista del poder ejecutivo también quedaban comprendidos en su decisión. Y de paso, delegó en el gobierno de Axel Kicillof una potestad de la justicia en “un acto de inusitada gravedad, arbitrariedad manifiesta y notorio apartamiento de la ley”.
Usina de Justicia dice que todo esto generó “una total alteración del orden constitucional y legal”.Violini argumentó con la emergencia por la pandemia cuando, en realidad, es en estas situaciones que tiene más sentido el cumplimiento de las normas. Entre durísimas críticas, que justifican el pedido de remoción de Violini, la entidad que tiene entre sus miembros honorarios a Marcos Aguinis, Daniel Sabay y Alejandro Fargosi, entre otros, denunció que el escandaloso fallo de Violini fue “unipersonal, genérico y abstracto. Contradictorio en sus aparente fundamentos y temerario en su obrar”.
En síntesis, Violini debe ser destituido para Usina de Justicia porque “violó el principio conceptual del debido proceso con clara y directa afectación del sistema republicano de gobierno”.
Dice también que el magistrado que, a partir de ahora, queda en la cuerda floja inventó “una categoría punitiva que no existe en la legislación penal” al hacer diferencias entre delitos leves y graves y que su decisión está llena de “falencias, omisiones, imprecisiones y abstracciones en las que ha incurrido deliberadamente”.
La presentación culmina con un concepto demoledor para Violini: “Jamás vimos este tipo de resoluciones en la historia judicial argentina”.
Finalmente se solicita que se suspenda en sus funciones al juez Violini para que comience el sumario que lo lleve al juicio político. Y se reserva el derecho a recurrir a la Corte Suprema de Justicia y a organismos internacionales en caso de que su petición sea rechazada.
¿Quién el tristemente célebre Violini?
Cristina lo celebró en su momento cuando criticó a Comodoro Py. Es el mismo que defendió a Hugo Moyano y dijo que la de Independiente, era una causa armada y que quiso, pero no pudo, ser candidato a intendente de La Plata por el kirchnerismo. Amigo de Julio Alak, le permitieron hacer dos veces su examen porque en la primera instancia no había alcanzado el puntaje necesario. Le recuerdo que Alak fue Ministro de Justicia de Cristina y lo es de Kicillof.
¿Que hizo Violini, además de liberar en un abrir y cerrar de ojos a 700 delincuentes?
Para muestra basta un botón: se llama Pedro Olmos y violó salvajemente a una adolescente que era su vecina. Estuvo 5 meses prófugo. Después fue apresado y condenado. Todavía no había cumplido medio año en prisión y el juez Víctor Violini lo liberó porque tiene hipertensión y osteoporosis, dos enfermedades que afectan a una gran parte de la población. Pero lo más repugnante a la condición humana es que ese violador se fue a vivir a metros de su víctima, en Burzaco. La familia y la chica están aterradas.
Finalmente la política a través del Parlamento y de la oposición, también hizo su aporte para corregir lo que claramente fue un intento de liberar a la mayor cantidad de presos en el menor tiempo posible con música y letra del Cartel de los Pingüinos.
Con la firma de Maximiliano Abad, el jefe del interbloque de diputados de Junto por el Cambio se presentó un proyecto para que una comisión legislativa evalúe a cada uno de los jueces que enviaron a los presos a sus domicilios. Dicen que “no es admisible que se utilice la pandemia para mandar a su casa a criminales, violadores o saqueadores del estado”. El propio Sergio Berni, ministro de Seguridad de la Provincia y al que nadie puede acusar de anti kirchnerista dijo que “nadie sabe a quién se liberó y a donde están” y reveló que hay “juzgados y comisarías que están tarifados”
Aquí corresponden un par de preguntas.
¿Qué va a pasar con los delincuentes que ya fueron liberados y no tienen ni tobillera electrónica? ¿Volverán por sus propios medios o aprovecharán para fugarse? ¿En ese caso, habrá sanciones para los jueces que los soltaron? Y la más grave de todas. Si Sergio Berni dice que hay juzgados y comisaría que están tarifadas, es decir que cobran para dejar en libertad a criminales, femicidas o ladrones, ¿Qué está esperando para hacer las denuncias correspondientes? Berni es funcionario y está obligado a presentar una denuncia ante el conocimiento de un delito. De lo contrario el que comete el delito es él. Se transforma en cómplice. O encubridor.